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Servindi, 20 de enero, 2011.- La comunidad diaguita Las Pailas, en Salta, acudió ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), para denunciar el violento desalojo del que fueron víctimas el mes pasado.
Los comuneros presentaron ante el INADI salteño una denuncia contra María Flores, presidenta de la comisión municipal; además de otras acciones legales a nivel provincial, informó Ambrosio Casimiro.
Los diaguitas de Las Pailas permanecen actualmente el “asamblea permanente” con sus pares de La Aguada, Las Trancas y El Algarrobal, ante la posibilidad de nuevos desalojos por los terratenientes.
“La intendenta dice que no tenemos personería jurídica y que no somos una comunidad indígena. Eso tiene graves implicancias porque de esa manera desconocen la ley 26160 que impide desalojos”, indicó Casimiro, comentando la denuncia ante el Organismo del Estado.
“Eso es discriminación y por eso la denunciamos ante el INADI”, agregó.
Según explicó Casimiro, el abogado de los diaguitas, Gustavo Miranda, recusó a María Graciela Faber, jueza que ordenó el despojo, y ya ha llevado el caso a Salta capital.
“20 mil hectáreas, entre montañas, apachetas, corrales, aguadas, cerros sagrados”, son reclamados por los comuneros de Las Pailas.
Asimismo Casimiro señaló que actualmente y pese al desconocimiento de las autoridades judiciales que ordenaron el desalojo “está en curso el relevamiento territorial con funcionarios de la nación” en referencia al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El INADI delegación Salta, aún continúa las investigaciones respecto a si se trató de un caso de discriminación.
Un grupo de ambientalistas y organizaciones indígenas llegaron hasta Cachi, 157 kilometros al sudeste de la capital salteña, para solidarizarse con la comunidad Las Pailas.
Violento desalojo
Como se recuerda, el pasado 17 de diciembre la policía salteña desalojó violentamente a 5 familias originarias diaguitas de las tierras que ocupaban ancestralmente. Inmediatamente, procedieron a destruir las casas de los desalojados, sus sembradíos, huertas frutales, cercos y corrales.
Las acciones fueron ordenadas por el juzgado correccional y de garantías Nº 8, a cargo de la jueza Mónica Graciela Faber, a favor del terrateniente Robles quien acaba de comprar las tierras donde los diaguitas han habitado desde siempre.
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