HAMPA, POLITICA Y SOCIEDAD

Hampa, política y sociedad


DIARIO EL LITORAL DE SANTA FE http://www.ellitoral.com/



Desde hace tiempo, en la Argentina se sabe que el hampa opera con medicamentos falsos que vende a mutuales y obras sociales. En su momento adquirió estado público el ajuste de cuentas mafioso contra empresarios involucrados en este tráfico, que seguramente no cumplieron con lo pactado.

La opinión pública tomó conocimiento a través de los diarios de que estas actividades delictivas estaban más desarrolladas de lo que se creía. El tema dejó de ser un rumor para transformarse en alarma cuando se supo que estos operadores delictivos habían colaborado con fondos para la campaña electoral de Cristina Kirchner. Aquí el delito deja de ser meramente la acción de un grupo de malvivientes, y se articula con zonas de la política y del poder oficialista, conexión que agrava el encuadre penal e institucional.

Las denuncias de la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, acerca de este negocio infame y criminal no sólo le costaron el cargo, sino que pusieron en evidencia que los rumores habían adquirido el grado de certidumbre. Ahora, las investigaciones del juez Oyarbide confirman la peor de las hipótesis para un país civilizado: la venta de medicamentos que no son tales contaría con la complicidad de sindicatos y de algunas otras instituciones. Por añadidura, se habría probado que los delincuentes colaboraron con dinero en la campaña electoral del oficialismo. ¿Casualidad o causalidad?

Las investigaciones se están llevando a cabo, el caso ya está instalado en la opinión pública, pero, hasta el momento, el gobierno, a través del jefe de Gabinete Aníbal Fernández, ha dicho muy poco sobre el tema.

Sin duda, en un país normal el poder político estaría muy interesado en deslindar responsabilidades y, al mismo tiempo, daría instrucciones precisas para desmontar el tinglado de negociados mafiosos que lucran con la vida de los sectores más indefensos de la sociedad: los pobres, los jubilados y los portadores de enfermedades terminales.

Más allá de las responsabilidades que se le puedan probar al poder político, a nadie escapa que estamos ante una situación muy grave porque, si el hampa es un enemigo público de la sociedad, los riesgos se multiplican cuando sus actos se entrelazan con el poder político y el poder sindical.

La capacidad de los grupos mafiosos para presionar a las instituciones y degradar la vida pública es alta. La experiencia de Colombia y México así lo demuestra. El precio que están pagando para salir de ese infierno es incalculable en términos de salud institucional y credibilidad pública.

La Argentina permaneció al margen de estos dramas; sin embargo, hoy no es posible decir lo mismo. El delito pudo llegar a ser preocupante, pero nunca dejó de ser una actividad privada; todo se agravó cuando sus tentáculos alcanzaron al Estado. La sociedad civil, los medios de comunicación y la Justicia levantan distintos tipos de defensas contra esta delincuencia; sería muy importante que el gobierno nacional asuma esta lucha porque, sin su concurso, es difícil que se pueda encauzar este desborde de lo ilícito que daña profundamente a la sociedad.